Bogotá, 8 de marzo de 2010. Rosalba Quintero y los miembros de su grupo familiar fueron los primeros sorprendidos cuando una funcionaria de un juzgado se acercó a notificarles que eran beneficiarias de un indemnización, gracias a la acción de tutela que presentaron contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, ACCIÓN SOCIAL.